Sociedad civil y áreas protegidas: el rol de los Refugios de vida silvestre en la conservación.

En una nueva edición de La Mesa Verde, el espacio del programa En Perspectiva dedicado a temas ambientales, la conservación de la biodiversidad en Uruguay fue analizada desde distintas miradas: el Estado, el trabajo en territorio de los guardaparques y el rol de la sociedad civil. En representación de este último sector participó Magdalena Carabio, bióloga y coordinadora del programa Refugios de vida silvestre de Vida Silvestre Uruguay.
El intercambio tomó como punto de partida la reciente donación de tres islas del río Uruguay al Estado, que pasarán a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). A partir de allí, se abrió una conversación sobre las áreas protegidas, ampliado a las distintas herramientas de conservación que existen en el país.
En ese marco, Magdalena destacó la trayectoria de Vida Silvestre Uruguay y su vínculo histórico con las políticas públicas ambientales:
“Vida Silvestre es una ONG que cumplió 30 años el año pasado y tiene como misión trabajar para la conservación de la biodiversidad. En eso, a lo largo de todos estos años, ha trabajado con diferentes actores: estatales, gobiernos departamentales, sociedad civil, empresas”, señaló.
Además, recordó que la organización tuvo un papel activo desde los inicios del sistema de áreas protegidas en el país:
“Vida Silvestre estuvo en la elaboración de la ley que creó el SNAP, fue como precursora de alguna forma de esto y siempre estuvo acompañando”, afirmó, mencionando también el trabajo en planes de manejo, propuestas de ingreso de nuevas áreas y herramientas de monitoreo de biodiversidad desarrolladas en conjunto con el Estado.
Refugios de Vida Silvestre: conservación voluntaria que suma
Uno de los ejes centrales de su intervención fue el programa Refugios de vida silvestre, que este año cumple 15 años. Se trata de una red de predios privados que, de manera voluntaria, incorporan la conservación de la naturaleza como parte de su gestión.
“Es un programa que apoya iniciativas voluntarias de conservación y que desde hace muchos años viene acompañando a privados que tienen voluntad de gestionar para la conservación”, explicó Magdalena.
A diferencia de otras figuras más formales, como las reservas privadas reconocidas por el Ministerio de Ambiente, los Refugios no se definen únicamente por la presencia de valores naturales “singulares”, sino por el compromiso de quienes habitan y gestionan esos territorios:
“No va tanto a ver qué singularidades tiene cada lugar, sino que se trabaja más con que la gente que está ahí tiene la voluntad de gestionar para la conservación”, señaló.
Este enfoque permite ampliar la base social de la conservación y generar experiencias concretas en paisajes productivos, donde se integran prácticas ganaderas, restauración de ambientes, protección de fauna y manejo de ecosistemas.
Complementar al Estado, no sustituirlo
Durante la conversación quedó claro que estas iniciativas no compiten con el SNAP, sino que lo fortalecen. Magdalena lo resumió así:
“Lo importante de todo es que son iniciativas complementarias, que apuntan a diferentes cosas o no, pero sí se complementan y llevan a que haya más superficie protegida y más gente comprometida con la conservación”.
En un país donde las áreas protegidas del SNAP cubren alrededor del 1% del territorio terrestre, estos esfuerzos voluntarios y otras figuras de conservación —departamentales, privadas o internacionales— ayudan a ampliar la protección de ecosistemas y especies, al tiempo que generan aprendizaje desde el territorio.
La participación de Vida Silvestre Uruguay en La Mesa Verde volvió a poner sobre la mesa una idea clave: la conservación de la biodiversidad en Uruguay es una construcción colectiva, donde las políticas públicas, la academia, las organizaciones sociales y las personas que gestionan los territorios tienen un rol que se entrelaza y se refuerza mutuamente.
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